Politica de Oriente - ANALIZAN LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL

Incluye la figura de “medicación policial” para la solución de conflictos sociales

La integración de un Sistema Estatal de Seguridad Pública que reúna y administre toda información relacionada con la seguridad pública; la creación de un Consejo Estatal en esta materia como órgano de deliberación y consulta para la implementación y diseño de las políticas públicas respectivas; la redefinición y regulación de los servicios de seguridad privada; así como la puntualización de los derechos y obligaciones de los elementos de las policías, particularmente la inclusión de la figura de “mediación policial”; son algunos de los avances que en esta materia presenta la iniciativa del Ejecutivo estatal para crear la Ley de Seguridad Pública del Estado de México.

En tanto, el Grupo Parlamentario del PAN, por medio de su coordinador, el diputado Óscar Sánchez Juárez, busca con su propia iniciativa de Ley de Seguridad Pública, promover la participación social en tareas de planeación y consulta de políticas públicas en materia de seguridad pública, crear la Secretaría respectiva y regular la prestación del servicio de seguridad privada

Recibida la primera por el Pleno de la LVII Legislatura el pasado 10 de marzo en sesión ordinaria, y turnada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Seguridad Pública y Tránsito para su resolución, pretende impulsar la eficiencia de la seguridad pública y replantear la política estatal en este rubro, mediante el rediseño estructural de la actual Ley de Seguridad Pública Preventiva, vigente desde 1999, “de tal modo que las instituciones responsables de su planeación y ejecución cuenten con bases jurídicas para otorgar la certeza y confianza que la sociedad exige”.

De aprobarse, este nuevo ordenamiento, que remplazaría a la Ley de Seguridad Pública Preventiva, obligaría a las instancias respectivas a evaluar a sus integrantes através del Centro Estatal de Confianza, en un plazo no mayor de dos años, a fin de obtener el Certificado Único Policial, sin el cual no podrán permanecer en el servicio.

Asimismo, fijaría como plazo cuatro meses para la conformación y funcionamiento del mencionado Sistema y uno para la integración del Consejo Estatal y los municipales. Respecto de la extinción de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares (CUSAEM), que serán subrogados a la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), el pazo previsto es de un año.

La iniciativa del Ejecutivo, en congruencia con disposiciones como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005 – 2011, en el pilar de seguridad y el Artículo 21 de la Constitución Política federal, establece que el Sistema citado se conforme con la “información que generen las instituciones del estado y municipios, y en su caso de la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal”.

Este sistema descansaría en una Base de Datos de carácter confidencial que incluye información criminal, penitenciaria, del personal, del registro de armamento y equipo y el administrativo de detenciones. Sobre éste último, se agrega que el registro de detenciones deberá observar los siguientes datos: domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, escolaridad, ocupación, Clave Única del Registro de Población, etnia de ser el caso, estado físico del detenido, huellas dactilares, identificación antropométrica y otros que se consideren relevantes.

En cuanto al Consejo, considerado máxima instancia de deliberación y consulta del sistema estatal, se integrará por: el Gobernador, el Secretario General de Gobierno, el Procurador, el Comisionado de la ASE, los presidentes municipales, los presidentes de las comisiones respectivas de la legislatura en turno, los representantes del Consejo de la Judicatura, un representante de la policía, procuraduría y sistema penitenciario federales, el Ombudsman estatal, dos representantes de la sociedad civil en la materia, dos académicos y el Secretario Ejecutivo.

El cargo será honorífico, sesionará cada bimestre y contará con un reglamento. A nivel municipal se crearán uno por cada distrito judicial, es decir que serán hasta 18. Cuando sea el caso, podrán crearse consejos regionales.

Por último, propone la “mediación policial” como instrumento para dirimir conflictos sociales, con el fin de que sean los involucrados quienes les den solución concertada, satisfactoria y legal, apoyados en la intervención y mediación de elementos de seguridad pública capacitados para tal efecto. La figura se excluye si el conflicto entraña probables hechos delictivos. Los elementos policiales deberán ser capacitados por autoridades competentes para poder cumplir con esta función.

La propuesta del PAN recupera y propone hacer efectivo el principio según el cual la principal función del Estado es garantizar la seguridad e integridad física y patrimonial de las personas. En este sentido, reconoce que corresponde al Estado el monopolio exclusivo y legal del ejercicio de la fuerza para cumplir con este mandato; además le confiere la obligación de preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Adicionalmente, la iniciativa sugiere que el carácter multidimensional del problema de la inseguridad obliga a sustentarse en la participación social y el fortalecimiento de una verdadera cultura de la prevención del delito.

Con este fin, la ley crearía un Consejo Consultivo Ciudadano como órgano “de deliberación, análisis y propuestas, que tiene por objeto promover la participación ciudadana en acciones de seguridad pública”, para mejorar la eficacia del ejercicio de la función por parte de las autoridades correspondientes e impulsar la cultura de la legalidad y la de prevención social del delito.

Este Consejo se integrará con 20 personas electas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, también de nueva creación. No podrán participar en él sujetos que ejerzan un cargo de elección popular o representantes de partidos políticos. El encargo será honorario y por tres años, con opción a una sola ratificación por igual periodo.

Respecto de la Secretaría que se propone, la iniciativa consigna como sujetos de la ley y autoridades responsables en el tema, al Poder Ejecutivo a través del titular y las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de Justicia, entre las principales.

Para su creación, la propuesta agrega una reforma al artículo 19 y una adición al 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Entre las funciones que le atribuye se cuentan: desarrollar las políticas en la materia que establezca el Ejecutivo estatal; proponer la política criminal estatal; determinar causas y factores de los tipos de criminalidad; implementar acciones preventivas del delito; coadyuvar en la formulación del Programa Estatal de Seguridad Pública; suministrar, intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad pública con las instancias y autoridades en la materia.

Además, establecer un sistema integral de investigación, otorgar atención a las víctimas del delito diseñar la política penitenciaria estatal; vigilar el funcionamiento de los centros de rehabilitación; ejercer la vigilancia del tránsito y generar la infraestructura necesaria para la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública.

Sobre el servicio de seguridad privada, estipula la obligación de los prestadores de solicitar autorización expresa a las autoridades competentes; registrar al personal en el Registro estatal del personal de Seguridad pública, de nueva creación; contar con personal registrado y capacitado; observar la normatividad aplicable y someterse a evaluación y vigilancia permanentes.

La iniciativa define como servicios de seguridad privada al de personas; bienes; traslado de valores; en materia de información; de blindaje; de protección y de investigación. Obliga también, por ser cuerpos auxiliares, a coadyuvar con las instituciones y corporaciones de seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente.

Finalmente, el Grupo Legislativo del PAN propone la profesionalización de los elementos policiacos y el servicio de carrera para que el “ingreso a las corporaciones deje de verse como un recurso inmediato para tener empleo”, factor considerado como uno de los que más ha incidido en el fracaso de las actuales políticas públicas en la materia.